El coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso local, José Luis Figueroa propuso una iniciativa de reforma para instalar juzgados calificadores en las juntas auxiliares.
El diputado planteó agregar párrafos a la fracción XLVI Bis al artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal. Con ella pretende que los Ayuntamientos coloquen juzgados calificadores en cada junta auxiliar, quienes se harían cargo de calificar las infracciones al Bando de Policía y Gobierno.
Comentó que es necesaria esta reforma porque las juntas auxiliares colaboran en la gestión de solicitudes de servicios públicos y expiden documentos oficiales como constancias de residencia.
Dijo que además coordinan acciones para el mantenimiento de la seguridad y son intermediarias para que las políticas municipales lleguen a zonas alejadas.
Sin embargo, la falta de atribuciones ha limitado su autonomía y capacidad para tomar decisiones independientes. Por lo que planteó la necesidad de contar con instrumentos políticos institucionales y los recursos necesarios para responder a las demandas que le compete atender.
Es necesario otorgarles una serie de facultades para que sean un verdadero gobierno y no simples desconcentrados de los Ayuntamientos”.
La reforma fue turnada a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio. Esta reforma podría incluirse con aquellas que prepara el gobierno del estado.
En el marco de la renovación de las presidencias auxiliares, el gobernador Alejandro Armenta Mier dijo que preparan una reforma. El objetivo de dicha propuesta es darles a las juntas auxiliares facultades como Registro Civil.
Esto, luego de que en la administración de Rafael Moreno Valle Rosas eliminaron estas funciones. Armenta planteó el fortalecimiento de figuras como jueces de paz y crear agencias subalternas de Ministerios Públicos.
Debido a las irregularidades que han sido denunciadas en los plebiscitos, también se contempla crear una reforma electoral. En dicha modificación planean que las elecciones en las juntas sean organizadas por el Instituto Electoral del Estado (IEE) y ya no los Ayuntamientos.
